Los medios de comunicación televisivos reciben la mayor parte de su presupuesto publicitario de las compañías farmacéuticas internacionales, lo que crea una influencia irresistible para informar de todos los estudios inventados que apoyan sus vacunas y otros supuestos tratamientos[14]Sólo en 2020 las industrias farmacéuticas gastaron 6.560 millones de dólares en este tipo de publicidad[13,14] La publicidad televisiva de las farmacéuticas ascendió a 4.580 millones, un increíble 75% de su presupuesto. Eso compra mucha influencia y control sobre los medios de comunicación. Expertos de fama mundial en todos los campos de las enfermedades infecciosas son excluidos de la exposición en los medios de comunicación y de las redes sociales si se desvían de alguna manera en contra de las mentiras y distorsiones inventadas por los fabricantes de estas vacunas. Además, estas empresas farmacéuticas gastan decenas de millones en publicidad en las redes sociales, con Pfizer a la cabeza con $55 millones en 2020[14].

Si bien estos ataques a la libertad de expresión son suficientemente aterradores, aún peor es el control prácticamente universal que los administradores de los hospitales han ejercido sobre los detalles de la atención médica en los hospitales. Estos asalariados dan ahora instrucciones a los médicos sobre los protocolos de tratamiento que deben seguir y los tratamientos que no deben utilizar, sin importar lo perjudiciales que sean los tratamientos "aprobados" o lo beneficiosos que sean los tratamientos "no aprobados"[33,57].

Nunca en la historia de la medicina estadounidense los administradores de los hospitales han dictado a sus médicos cómo deben practicar la medicina y qué medicamentos pueden utilizar. El CDC no tiene autoridad para dictar a los hospitales o a los médicos sobre los tratamientos médicos. Sin embargo, la mayoría de los médicos cumplieron sin la menor resistencia.

La Ley Federal de Cuidados fomentó este desastre humano al ofrecer a todos los hospitales de EE.UU. hasta 39.000 dólares por cada paciente de la UCI al que pusieran respiradores, a pesar de que desde el principio era obvio que los respiradores eran una de las principales causas de muerte entre estos confiados e incautos pacientes. Además, los hospitales recibían 12.000 dólares por cada paciente que ingresaba en la UCI, lo que explica, en mi opinión y en la de otros, por qué todas las burocracias médicas federales (CDC, FDA, NIAID, NIH, etc.) hacían todo lo posible por impedir los tratamientos tempranos para salvar vidas[46] Dejar que los pacientes se deterioraran hasta el punto de necesitar hospitalización, significaba mucho dinero para todos los hospitales. Un número creciente de hospitales está en peligro de quiebra, y muchos han cerrado sus puertas, incluso antes de esta "pandemia"[50] La mayoría de estos hospitales son ahora propiedad de corporaciones nacionales o internacionales, incluidos los hospitales docentes[10].

También es interesante observar que con la llegada de esta "pandemia" hemos sido testigos de un aumento de las cadenas corporativas de hospitales que compran varios de estos hospitales en riesgo financiero[1,54] Se ha observado que estos gigantes hospitalarios están utilizando miles de millones en ayudas federales de Covid para adquirir estos hospitales en peligro financiero, aumentando aún más el poder de la medicina corporativa sobre la independencia de los médicos. A los médicos expulsados de sus hospitales les resulta difícil encontrar otras plantillas de hospitales a las que incorporarse, ya que también pueden ser propiedad del mismo gigante corporativo. Como resultado, las políticas de mandato de vacunas incluyen a un número mucho mayor de empleados de hospitales. Por ejemplo, la Clínica Mayo despidió a 700 empleados por ejercer su derecho a rechazar una vacuna experimental peligrosa y esencialmente no probada[51,57] La Clínica Mayo hizo esto a pesar de que muchos de estos empleados trabajaban durante lo peor de la epidemia y están siendo despedidos cuando la variante Omicron es la cepa dominante del virus, tiene la patogenicidad de un resfriado común para la mayoría y las vacunas son ineficaces para prevenir la infección.

Además, se ha demostrado que la persona asintomática vacunada tiene un título nasofaríngeo del virus tan alto como una persona infectada no vacunada. Si el propósito del mandato de la vacuna es prevenir la propagación del virus entre el personal del hospital y los pacientes, entonces son los vacunados los que presentan el mayor riesgo de transmisión, no los no vacunados. La diferencia es que una persona enferma no vacunada no iría a trabajar, el propagador vacunado asintomático sí.

Lo que sí sabemos es que los principales centros médicos, como la Clínica Mayo, reciben decenas de millones de dólares en subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) cada año, así como dinero de los fabricantes farmacéuticos de estas "vacunas" experimentales. En mi opinión, esa es la verdadera consideración que impulsa estas políticas. Si esto se pudiera probar en un tribunal, los administradores que hacen estos mandatos deberían ser procesados con todo el peso de la ley y demandados por todas las partes perjudicadas.

El problema de la quiebra de los hospitales se ha agudizado cada vez más debido a los mandatos de vacunación de los hospitales y al consiguiente gran número de personal de los hospitales, especialmente de las enfermeras, que se niegan a ser vacunados a la fuerza[17,51] Todo esto no tiene precedentes en la historia de la atención médica. Los médicos de los hospitales son responsables del tratamiento de sus pacientes individuales y trabajan directamente con estos pacientes y sus familias para iniciar estos tratamientos. Las organizaciones externas, como los CDC, no tienen autoridad para intervenir en estos tratamientos y hacerlo expone a los pacientes a graves errores por parte de una organización que nunca ha tratado a un solo paciente de COVID-19.

Cuando comenzó esta pandemia, el CDC ordenó a los hospitales que siguieran un protocolo de tratamiento que provocó la muerte de cientos de miles de pacientes, la mayoría de los cuales se habrían recuperado si se hubieran permitido los tratamientos adecuados[43,44] La mayoría de estas muertes podrían haberse evitado si se hubiera permitido a los médicos utilizar un tratamiento temprano con productos como la ivermectina, la hidroxicloroquina y una serie de otros fármacos y compuestos naturales seguros. Se ha calculado, basándose en los resultados obtenidos por los médicos que tratan con éxito a la mayoría de los pacientes de covid, que de las 800.000 personas que, según se nos dice, murieron a causa del covid, 640.000 no sólo podrían haberse salvado, sino que, en muchos casos, podrían haber recuperado su estado de salud anterior a la infección si se hubiera utilizado el tratamiento precoz obligatorio con estos métodos probados. Esta negligencia en el tratamiento temprano constituye un asesinato en masa. Esto significa que 160.000 personas habrían muerto realmente, mucho menos que el número de personas que murieron a manos de burocracias, asociaciones médicas y juntas médicas que se negaron a defender a sus pacientes. Según los estudios sobre el tratamiento temprano de miles de pacientes por parte de médicos valientes y atentos, entre el setenta y cinco y el ochenta por ciento de las muertes podrían haberse evitado[43,44].